El Módulo 2 abarca la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo: concepto y etapas, la UIF y las autoridades, los sujetos obligados del mercado de capitales, la debida diligencia, las PEP y los reportes. Son apuntes de práctica originales, no material oficial de la CNV, fundados en las normas vigentes al 1 de enero de 2027. Los montos revisables (multas, umbrales en SMVM o en pesos) pueden ser actualizados.
1. Según el artículo 4 bis de la Ley 25.246, ¿cuál de los siguientes NO es un activo virtual?
El artículo 4 bis de la Ley 25.246 define al activo virtual como una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones, y excluye en todo caso la moneda de curso legal y las monedas emitidas por otros países (moneda fiduciaria). Por eso el dólar depositado en una cuenta no es un activo virtual. Las otras tres opciones describen rasgos de la definición: su uso para inversiones, su transferibilidad con fines de pago y su comercialización digital.
2. ¿Qué característica tienen las operaciones inusuales, según el artículo 4 bis de la Ley 25.246?
Según el artículo 4 bis de la Ley 25.246, las operaciones inusuales son las tentadas o realizadas, de forma aislada o reiterada y con independencia del monto, que carecen de justificación económica o jurídica o no guardan relación con el perfil del cliente. El monto no es el criterio, así que no existe un mínimo que las defina. La sentencia firme y la condición de persona expuesta políticamente tampoco son requisitos: la inusualidad se mide frente al perfil y a los usos del mercado.
3. ¿En qué consiste el enfoque basado en riesgos definido en la Ley 25.246?
El artículo 4 bis de la Ley 25.246 define el enfoque basado en riesgos como la aplicación de medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo proporcionales a los riesgos identificados, lo que permite focalizar los esfuerzos y los recursos. Aplicar controles idénticos a todos es lo contrario de la proporcionalidad. Esperar una condena anula el carácter preventivo, y la autoevaluación del cliente no reemplaza el proceso de identificación, evaluación y monitoreo del sujeto obligado.
4. Según el artículo 4 bis de la Ley 25.246, ¿qué actividad realizada como negocio caracteriza a un proveedor de servicios de activos virtuales?
El artículo 4 bis de la Ley 25.246 considera proveedor de servicios de activos virtuales a quien, como negocio, realiza para otra persona alguna de estas actividades: intercambio de activos virtuales por moneda de curso legal o entre sí, transferencia, custodia o administración, o participación en la oferta de un emisor. Emitir moneda corresponde al Estado, no a estos proveedores. La auditoría de emisores y la calificación de riesgo son servicios del mercado de capitales ajenos a esta definición.
5. ¿Qué supone necesariamente el delito de lavado de activos?
El lavado de activos presupone bienes provenientes de un ilícito penal previo, a los que se procura dar apariencia de origen lícito; por eso el artículo 6 de la Ley 25.246 enumera delitos de los que preferentemente provienen los activos lavados. Si los fondos tuvieran origen legal no habría lavado. La maniobra puede hacerse por medios electrónicos o con bienes de delitos cometidos en el exterior, y no se requiere una condena previa por el delito precedente: el lavado es un delito autónomo, tipificado en el Código Penal.
6. Según el artículo 5 de la Ley 25.246, ¿cómo funciona la Unidad de Información Financiera (UIF)?
El artículo 5 de la Ley 25.246 crea la Unidad de Información Financiera (UIF), que funciona con autonomía y autarquía financiera y se rige por las disposiciones de esa ley. No es una dependencia de la CNV, que es un organismo de contralor distinto con su propio Directorio. Tampoco integra el Poder Judicial ni es una sociedad del Estado con capital privado.
7. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 25.246, ¿cuál es la función central de la UIF?
El artículo 6 de la Ley 25.246 encarga a la UIF el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Juzgar y condenar corresponde a los jueces, y la acción penal al Ministerio Público Fiscal. La autorización de los mercados es competencia de la CNV.
8. ¿Cuál de las siguientes NO es una facultad de la UIF según el artículo 14 de la Ley 25.246?
El artículo 14 de la Ley 25.246 faculta a la UIF a aplicar sanciones administrativas previa instrucción de un sumario (inciso 8), a emitir directivas e instrucciones con enfoque basado en riesgos (inciso 10) y a recibir declaraciones voluntarias, que no pueden ser anónimas (inciso 2). En cambio, dictar sentencia condenatoria es una función exclusiva del Poder Judicial: la UIF solo comunica los elementos de convicción al Ministerio Público Fiscal.
9. Según la Ley 25.246, ¿cuándo una operación identificada como inusual pasa a considerarse sospechosa?
El artículo 4 bis de la Ley 25.246 incluye entre los hechos u operaciones sospechosas aquellos que, habiéndose identificado como inusuales, no permiten justificar la inusualidad luego del análisis y la evaluación del sujeto obligado. La repetición mensual no es el criterio legal. La remisión al Ministerio Público Fiscal es una etapa posterior, a cargo de la UIF, y el simple registro en el monitoreo solo detecta la inusualidad, sin concluir que sea sospechosa.
10. ¿Qué alcance tiene la definición de persona expuesta políticamente (PEP) del artículo 4 bis de la Ley 25.246?
El artículo 4 bis de la Ley 25.246 define a las personas expuestas políticamente como personas humanas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, en otro país o en organismos internacionales; la reglamentación fija la debida diligencia adicional. La definición no se reduce a ministros argentinos ni deja afuera a los extranjeros, y tampoco excluye a quienes ejercen funciones en el país. Las personas jurídicas no son PEP: la definición se refiere a personas humanas.
11. Según la Introducción de las Recomendaciones del GAFI, ¿cuál es el mandato de este organismo?
Las Recomendaciones del GAFI señalan que este ente intergubernamental, establecido en 1989, tiene el mandato de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación. No tiene facultades penales sobre los Estados, no lleva un registro mundial de condenados y la supervisión de los sujetos obligados corresponde a las autoridades nacionales.
12. ¿Qué alcance tiene la enumeración de delitos del artículo 6, inciso 1, de la Ley 25.246?
El artículo 6 de la Ley 25.246 encarga a la UIF prevenir el lavado de activos preferentemente proveniente de los delitos que enumera, como los relacionados con estupefacientes, contrabando, trata de personas o delitos contra la Administración Pública. El adverbio muestra que la lista no es cerrada: el delito de lavado se tipifica en el Código Penal y alcanza bienes provenientes de un ilícito penal. La enumeración no fija penas, que están en el Código Penal, no obliga al sujeto obligado a denunciar ante el juez, porque este reporta a la UIF, y no se limita a delitos de funcionarios.
13. Ante la UIF, en el marco de un reporte de operación sospechosa, ¿qué secreto puede oponer un sujeto obligado según el artículo 14, inciso 1, de la Ley 25.246?
El artículo 14, inciso 1, de la Ley 25.246 dispone que los sujetos obligados del artículo 20, en el marco de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio con organismos análogos extranjeros, no pueden oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni compromisos de confidencialidad. El consentimiento del cliente, el momento del reporte y la naturaleza de persona jurídica no modifican esa regla.
14. Si hay indicios serios y graves de lavado de activos, ¿cómo se logra suspender una operación antes de su realización, según el artículo 14 de la Ley 25.246?
El artículo 14, inciso 5, de la Ley 25.246 faculta a la UIF a solicitar al Ministerio Público Fiscal que requiera al juez competente la suspensión, por el plazo que este determine, de la operación antes de su realización, y la apelación solo puede concederse con efecto devolutivo. La suspensión es una medida judicial: ni la UIF ni la CNV ni el sujeto obligado pueden disponerla por sí solos.
15. Si la UIF agota su análisis y reúne elementos de convicción suficientes sobre una operatoria de lavado, ¿qué dispone el artículo 19 de la Ley 25.246?
El artículo 19 de la Ley 25.246 establece que, agotado el análisis y con elementos de convicción suficientes, la UIF lo comunica al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal; si el hecho ya está en una causa penal, puede comunicar su sospecha directamente al juez. La UIF no impone penas, no devuelve la información al reportante y la CNV no ejerce la acción penal.
16. Según el artículo 15 de la Ley 25.246, ¿ante quién debe presentar la UIF una rendición anual de su gestión?
El artículo 15 de la Ley 25.246 impone a la UIF, entre sus obligaciones, presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación, además de comparecer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. No rinde cuentas ante el Ministerio de Economía, la Corte Suprema ni el Banco Central, que es un organismo de contralor distinto.
17. Según el artículo 2 del Decreto 918/2012, ¿qué significa que el congelamiento se ejecute «sin demora»?
El artículo 2, inciso c, del Decreto 918/2012 define «sin demora» como la ejecución inmediata a efectos de prevenir la fuga o disipación de bienes ligados a terroristas, a organizaciones terroristas o a quienes financian el terrorismo. No se espera un plazo de días hábiles, ni el examen de legalidad posterior que la UIF comunica al Ministerio Público Fiscal, ni la conclusión de un sumario contra el sujeto obligado.
18. Según la Recomendación 20 del GAFI, si una institución financiera sospecha que los fondos provienen de una actividad criminal, ¿qué debe hacer?
La Recomendación 20 del GAFI exige, por ley, que la institución financiera que sospeche o tenga motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal o se relacionan con el financiamiento del terrorismo reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera. No se espera una confirmación judicial. Avisar al cliente del reporte vulnera la confidencialidad que protege la Recomendación 21, y cerrar la cuenta sin reportar incumple la obligación.
19. Si no es posible individualizar a la persona humana que ejerce el control final de una sociedad, ¿a quién considera beneficiario final el artículo 4 bis de la Ley 25.246?
El artículo 4 bis de la Ley 25.246 prevé que, cuando no pueda individualizarse a la persona humana que posee participación o control, se considera beneficiario final a la persona humana que tiene a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión u otra estructura. El beneficiario final siempre es una persona humana, por lo que no sirve el accionista persona jurídica. Ni el sujeto obligado ni el escribano cumplen ese papel.
20. Según el artículo 4 bis de la Ley 25.246, ¿cuál de estas entidades NO está nombrada como organismo de contralor específico?
El artículo 4 bis de la Ley 25.246 nombra como organismos de contralor específicos al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de los que se incorporen por reglamentación. La Inspección General de Justicia no figura en esa lista, aunque el artículo 12 le reconozca un oficial de enlace ante la UIF. El Banco Central, la Superintendencia de Seguros y la CNV sí están incluidos.
21. Respecto de las PEP extranjeras, ¿cuál de las siguientes medidas NO exige la Recomendación 12 del GAFI, además de la debida diligencia normal?
La Recomendación 12 del GAFI exige, para las PEP extranjeras, sistemas de gestión de riesgo para identificarlas, aprobación de la alta gerencia, medidas razonables sobre la fuente de riqueza y de los fondos y monitoreo continuo intensificado. No exige rechazar la relación por la sola condición de PEP: se trata de una debida diligencia reforzada, no de una prohibición. Las otras tres opciones son medidas que sí exige.
22. Durante una semana, un cliente deposita en efectivo pequeñas sumas en decenas de cuentas de distintas sucursales. ¿A qué etapa del lavado de activos corresponde esta maniobra?
Fraccionar depósitos en efectivo en muchas cuentas es típico de la colocación, la etapa en que el dinero de origen ilícito ingresa al sistema financiero evitando llamar la atención. La estratificación llega después, con transferencias sucesivas para borrar el rastro, y la integración reintroduce los fondos con apariencia legítima. La reinversión no es una de las tres etapas básicas del lavado.
23. Los fondos de una sociedad pantalla pasan en pocos días por una cadena de cuentas de varias sociedades y países, sin justificación económica. ¿Cuál es el propósito de esa cadena?
Una cadena de transferencias entre cuentas y sociedades de distintos países, sin justificación económica, busca dificultar el rastreo del origen de los fondos: es la estratificación. Reintroducir los fondos como ingresos legítimos es la integración, y su primer ingreso al sistema financiero es la colocación. Tampoco hay datos de un destino terrorista ni de fondos de origen lícito.
24. Una asociación recauda donaciones de origen lícito y las destina luego a financiar un acto terrorista. ¿Cómo se califica este supuesto?
El financiamiento del terrorismo se configura por el destino de los fondos, que pueden tener origen lícito; el artículo 6 de la Ley 25.246 lo trata como un delito distinto del lavado de activos, que parte de bienes provenientes de un ilícito. El financiamiento de la proliferación se refiere a las armas de destrucción masiva, y que intervenga una organización sin fines de lucro no lo convierte en tal. El origen lícito de los fondos no elimina el riesgo penal.
25. El oficial de cumplimiento de Inversiones del Plata S.A., ALyC supervisada por la CNV, concluye que una operación es sospechosa. ¿Ante qué organismo debe presentar el reporte?
El artículo 17 de la Ley 25.246 dispone que la UIF recibe los reportes de operaciones sospechosas y mantiene en secreto la identidad del sujeto obligado reportante; la UIF es la autoridad de aplicación. La CNV es un organismo de contralor específico: supervisa a la ALyC, pero no recibe el reporte. El Banco Central tampoco es la autoridad de aplicación, y el Ministerio Público Fiscal solo interviene cuando la UIF le comunica su análisis (artículo 19).
26. Según el artículo 21, inciso f), de la Ley 25.246, los oficiales de cumplimiento son responsables del cumplimiento de las obligaciones de la ley ante:
El artículo 21, inciso f), de la Ley 25.246 establece que los oficiales de cumplimiento son responsables ante la UIF del cumplimiento de las obligaciones de la ley. La CNV supervisa a los sujetos del mercado de capitales, pero no es la autoridad ante la cual responde el oficial. El Banco Central y la Inspección General de Justicia tampoco ocupan ese lugar en el régimen de la ley.
27. Cuando el sujeto obligado es una persona jurídica, las personas designadas como oficiales de cumplimiento deben, según la Ley 25.246:
El artículo 21, inciso f), de la Ley 25.246 exige que las personas designadas integren el órgano de administración de la entidad. Por eso no basta con contratar a un consultor externo ni con elegir a un integrante del órgano de fiscalización. La designación la hace el propio sujeto obligado, y los oficiales designados deben registrarse ante la UIF (artículo 11 de la Resolución UIF 78/2023); la UIF no los elige de un registro.
28. Respecto del beneficiario final del cliente, el artículo 21, inciso a), de la Ley 25.246 exige a los sujetos obligados:
El artículo 21, inciso a), de la Ley 25.246 obliga a identificar al beneficiario final y a tomar medidas razonables para verificar su identidad. La debida diligencia se exige para realizar cualquier actividad con el cliente, de modo que no se posterga al cierre de la relación comercial, y una mera declaración del cliente sin verificación no cumple el deber. La identificación la hace el propio sujeto obligado; no se pide a la UIF antes de cada operación.
29. Conforme al artículo 20, inciso 7, de la Ley 25.246, son sujetos obligados los fiduciarios financieros que actúan en:
El artículo 20, inciso 7, de la Ley 25.246 incluye a los fiduciarios financieros del Código Civil y Comercial que actúan en fideicomisos financieros con oferta pública autorizada por la CNV. Los fideicomisos de garantía entre particulares, los testamentarios y los inmobiliarios sin oferta pública autorizada no encuadran en esa descripción del inciso.
30. ¿Cuál de las siguientes personas es sujeto obligado según el artículo 20, inciso 8, de la Ley 25.246?
El artículo 20, inciso 8, de la Ley 25.246 alcanza a las plataformas de financiamiento colectivo y demás personas jurídicas autorizadas por la CNV para actuar en esos sistemas. Los inversores y los emprendedores son los clientes de la plataforma, no sujetos obligados por ese inciso, y el simple usuario que consulta el portal sin realizar aportes tampoco está comprendido en él.
31. ¿Qué debe designar todo sujeto obligado, según el artículo 11 de la Resolución UIF 78/2023?
El artículo 11 de la Resolución UIF 78/2023 obliga a designar un Oficial de Cumplimiento titular y uno suplente, ambos registrados ante la UIF. La norma no exige un oficial por línea de negocio, ni un auditor externo permanente, ni un apoderado ante la CNV. Un grupo puede designar un único oficial para todos sus sujetos obligados (artículo 13), pero igualmente con su suplente.
32. Si el Oficial de Cumplimiento suplente debe asumir el cargo por la ausencia del titular, el sujeto obligado debe comunicarlo a la UIF dentro de:
Según el artículo 11 de la Resolución UIF 78/2023, la circunstancia que habilita la actuación del suplente, sus motivos y el plazo de su desempeño se comunican a la UIF dentro de las 24 horas. El plazo de 15 días no corresponde a este caso: es el previsto para comunicar la remoción del Oficial de Cumplimiento. Los plazos de 48 horas y de 5 días no figuran en la norma.
33. Según el artículo 17 de la Resolución UIF 78/2023, el plazo de conservación de la documentación de debida diligencia de los Clientes se cuenta desde:
El artículo 17, inciso b), de la Resolución UIF 78/2023 obliga a conservar la documentación de los Clientes y beneficiarios finales obtenida en la debida diligencia por un plazo no inferior a diez años, contado desde la desvinculación del Cliente o desde la última transacción, considerando lo que ocurra en último término. El plazo no corre desde la apertura de la cuenta comitente ni desde el cierre del ejercicio contable, y la presentación de un Reporte de Operación Sospechosa no es el punto de partida que fija la norma.
34. ¿Con qué frecuencia mínima debe revisarse el manual de prevención de LA/FT, según el artículo 9 de la Resolución UIF 78/2023?
El artículo 9 de la Resolución UIF 78/2023 dispone que el manual debe ser revisado anualmente, sin perjuicio del deber de mantenerlo actualizado según la regulación vigente. Los plazos de dos o tres años no figuran en ese artículo, y esperar un requerimiento de la UIF tampoco cumple la norma, que impone la revisión por iniciativa del sujeto obligado.
35. Una vez aprobado, el informe técnico de autoevaluación de riesgos debe enviarse a la UIF y a la CNV, según la Resolución UIF 78/2023:
El artículo 5, inciso e), de la Resolución UIF 78/2023 exige enviar el informe técnico a la UIF y a la CNV, junto con su metodología, antes del 30 de abril de cada año calendario y también cuando cambie el nivel de riesgo del sujeto obligado. Las fechas del 31 de marzo, del 30 de junio y del 31 de diciembre no figuran en la norma.
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